Salva Torrent alcalde del Ajuntament de L’Eliana está valorando el Real Decreto que da a los Ayuntamientos un mes para decidir si entregan sus remanentes a Hacienda a cambio de liberar gasto y de más financiación.
A tal efecto el alcalde ya ha mantenido una reunión con el área económica y hoy mantendrá otra. “Como todo en la vida la propuesta tiene cosas positivas, nos premian con un adelanto del 35 por ciento de lo que tendríamos que prestarles en 2021 (esta cantidad no hay que devolverla) y además ese importe no computa en la regla de gasto ni a la estabilidad presupuestaria, y negativas, dejamos de tener el dinero en el banco, aunque realmente no lo podemos utilizar. Nuestro remanente, después de los ajustes legales, es de 10 millones de euros. De momento nos faltan algunos datos, como por ejemplo el tipo de interés y la forma de devolución para que podamos decidir. Esperamos tener toda la información a finales de agosto para una resolución motivada y que buscará, por encima de todo, defender el interés de nuestros vecinos”.
Al aprobar los presupuestos de 2020 el alcalde declaraba, “Nos encontramos ante un escenario de Deuda 0 y tesorería muy saneada que nos permite ver el futuro con mucha esperanza. Todo ello, a pesar de los estrictos condicionantes que impone la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que estrangula a las administraciones locales saneadas. La ley Montoro nos sigue limitando nuestra acción de gobierno, al impedirnos invertir los casi 20 millones de euros que tenemos de remanente de tesorería en mejorar la vida de los vecinos y vecinas del municipio”.
El decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la liberación de los remanentes y el uso por parte del Estado del superávit de los municipios y las comunidades ha rebelado a estas contra una medida ante la que muestras su oposición. El decreto ley deberá someterse a una votación de convalidación o derogación en el plazo de un mes. ha habido reacciones de todas las comunidades ante tan polémica medida.
En la Comunidad Valenciana, voces críticas con el acuerdo de la FEMP con el Gobierno en València y Alicante. El alcalde Joan Ribó (Compromís) considera “peligroso” que se condicionen las ayudas a que los ayuntamientos cedan sus remanentes y que se les trata como “menores”, por lo que aún “no tiene claro” si los destinarán a pagar la deuda o si se adherirá al decreto.
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